Les metía la mano dentro del pantalón y del calzoncillo

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El profesor del colegio Vallmont de Villanueva del Pardillo Carlos R. I, de 32 años, negó en todo momento ante el juez haber incurrido en algún tipo de abuso de carácter sexual a alumnos, tal como han denunciado siete de ellos.

Unos hechos, aseguró el magistrado, «que le resultan raro» toda vez que los menores son «un grupo de amigos y los hechos están cortados todos por el mismo patrón», máxime después de nueve meses en los que «no ha tenido ningún tipo de contacto con estos alumnos». Sí admitió «algún problema con un niño», precisamente el primero en denuncia los hechos.

En su comparecencia judicial, tras señalar que conocía las declaraciones de los menores prestadas ante la Guardia Civil, sí aludió a que los niños demandan afecto y él les «abraza si se lo piden», pero negó tajantemente haberles besado. Su comportamiento, afirmó al respecto, «ha sido normal, no se han producido cachetes en el culo, ni en otras partes del cuerpo, solamente caricias normales, como darle en la oreja, o decirle “venga, adelante, que sí que puedes hacerlo”, como refuerzo positivo».

También negó que algún menor se hubiese sentado en sus rodillas en clase, aunque sí que en algún caso el niño que iba a hablar con él a su mesa «puede que medio se sentara en su pierna», pero rechazó de plano que «ni siquiera accidentalmente le haya rozado los genitales ni el culo» a ninguno de sus pequeños alumnos.

Versión coincidente de los niños

Junto a ello, señaló que ningún profesor del colegio, del que ha sido expulsado, le comentó que alguno de los alumnos hubiesen hecho referencia a que tenía un «comportamiento incorrecto».

Sin embargo, las denuncias de los menores son radicalmente distintas en cuanto a los hechos objeto de investigación en este procedimiento. Todos ellos vinieron a coincidir en sus declaraciones ante la Guardia Civil –de forma individual, con presencia de un psicólogo pero sin los padres– en el mismo modus operandi: el profesor llamaba a los alumnos a su mesa, para corregir trabajos o exámenes, se sentaban encima de sus rodillas y posteriormente les realizaba una serie de tocamientos en sus partes íntimas.

Esta tesis es la que refleja la magistrada de El Escorial en su auto del pasado miércoles, donde ratifico la prisión provisional, incomunicada y sin fianza del profesor citado. En esa resolución, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, se afirma taxativamente sobre esa cuestión: «En la exploración de los menores realizada por la Guardia Civil manifiestan que se sentaban encima de las rodillas de su profesor Carlos y les metía la mano por dentro del pantalón y del calzoncillo y les tocaba» los genitales.

La magistrada mantuvo en prisión al docente al considerar que, de quedar en libertad, existiría un considerable riesgo de fuga, dada la gravedad de la pena de los delitos de abusos sexuales a un menor de 13 años, de dos a seis años de cárcel cada uno de ellos, «e incluso superior si pudiera apreciarse continuidad delictiva». El hecho de que esté casado y tenga dos hijas pequeñas, añade la jueza al respecto, no elimina ese riesgo de fuga, «inherente a la gravedad de la pena, máxime cuando se desconoce cuál será su nueva situación familiar tras la denuncia interpuesta contra él».

Junto a ello, también se esgrime la necesidad de evitar el riesgo de reiteración delicitiva, pese a que haya sido expulsado del centro y no vaya a tener contacto con sus antiguos alumnos, ya que, señala la magistrada, «no podemos olvidar que no es uno, sino siete, los niños que refieren comportamientos que pueden ser constitutivos de un ilícito penal, siendo frecuente la reiteración en este tipo de comportamientos, como se pone de manifiesto en la presente causa con la existencia de varios perjudicados».

La Fiscalía se opuso a la libertad del profesor, al considerar que existen «indicios suficientes» de que ha podido incurrir en el mencionado delito de abusos de menores, con «plurales víctimas». Así, señaló que hay hasta siete menores que relatan los «graves abusos sufridos a manos del imputado, en el colegio». Ante esas acusaciones, añade el Ministerio Público, el detenido se limitó a negar los hechos y no ofrecer «una explicación mínimanente razonable al hecho de que se haya producido tal denuncia masiva», no pudiéndose considerar «razonable» su opinión de que una de las víctimas, el primero que denunció, fuese un «líder que podría haber movido a los demás, por cuando los relatos de los niños son disímiles, relatando abusos, si bien de la misma naturaleza, distintos unos de otros».

Por su parte, el abogado José Miguel Garrido Maestre, que ejerce la acusación particular en representación de seis de los menores, se opuso igualmente a la libertad del imputado por las graves penas que se le pueden imponer, así como por las manifestaciones de los niños, que en todo momento han sido «coherentes y coincidentes». Junto a ello, aludía igualmente a la alarma social que conlleva este tipo de delitos, «y más cuando se producen en menores de edad, como es el presente caso, y en el seno de un colegio», como ocurre en esta investigación. Además, Garrido Maestre destaca el hecho relativo a la «continuidad del delito» – al menos en lo que se refiere a los siete menores que denunciaron, que «de manera individual» se ha venido produciendo, presuntamente, «durante dos años, o dos cursos escolares». De esta forma, el mencionado profesor permanecerá en prisión provisional, al menos hasta que se pronuncie la Audiencia Provincial de Madrid, ya que la defensa del imputado anunció ya la interposición del correspondiente recurso de apelación.

Delito agravado

Al tratarse de causa con preso, lleva preferencia sobre los recursos en los que no está en juego la libertad de ningún afectado, por lo que es previsible que en un par de meses la sección a la que corresponda decidir tenga resuelto el recurso. Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular se oponen a su puesta en libertad. Así se recoge ya en el escrito presentado por Garrido Maestre, en el que se opone al mismo y donde, además, defiende que en este caso no se está ante un «tipo básico» del delito de abusos sexuales a menores de 13 años, sino de un subtipo agravado, al haberse prevalido el profesor, presuntamente, «de una relación de superioridad», dada su condición respecto a los menores que denunciaron los abusos.

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